La inmigración es una realidad que está en constate cambio. Por ello, el legislador está obligado a adaptar su normativa reguladora, si quiere que la misma proporciones soluciones efectivas a los nuevos retos que se plantean.

Además, el fenómeno migratorio ha adquirido tal dimensión en España y tiene tales repercusiones en el orden económico, social y cultual que exige que por parte de los poderes públicos se desarrolle una actuación decida en diversos frentes, incluidos normativo.

Por otra parte, España está firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos, por lo que los poderes públicos deben favorecer la plena integración de los inmigrantes en nuestro país y garantizar la convivencia y la cohesión social entre los inmigrantes y la población autóctona.

Por otro lado, ha ido creciendo el número de normas comunitarias que afecta al Derecho de Extranjería de los Estados Europeos; así pues, cada vez son más las normas que aprueban en la Unión Europea, en materia de inmigración que deben ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. En este orden de cuestiones cabe destacar la firma del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, refrendado en el Consejo Europeo de 16 de Octubre de 2008 por los 27 países miembros de la Unión Europea, en el cual se establece como principales objetivos conseguir una inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes legales mediante un equilibrio de derechos y deberes.